Rafael Araneda aparece en trama de presunta corrupción judicial: el reportaje que lo menciona y su contundente explicación

Rafael Araneda apareció mencionado en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción judicial vinculados con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. El animador del Festival de Viña del Mar figuraba como accionista de una inmobiliaria que realizó millonarias transferencias que terminaron en manos de Gonzalo Migueles, entonces pareja de la exmagistrada.

Los antecedentes fueron revelados por el medio de investigación Reportea, que identificó movimientos de dinero realizados durante 2023, mientras la compañía mantenía un litigio pendiente ante la Corte Suprema.

Tras ser consultado por los periodistas, Araneda explicó cuál era su participación en la empresa y aclaró que no intervenía en su administración.

Rafael Araneda aparece mencionado en investigación por pagos a Gonzalo Migueles

El reportaje de los periodistas Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda, publicado por Reportea, identificó a Rafael Araneda entre los accionistas de Inmobiliaria Alta Vista Pucón.

Según los antecedentes examinados por el medio, la empresa realizó transferencias por $12 millones en mayo de 2023, cuando mantenía recursos judiciales pendientes ante la Tercera Sala de la Corte Suprema.

El dinero pasó por cuentas vinculadas a dos notarios antes de llegar a Gonzalo Migueles, quien mantenía una relación con Ángela Vivanco.

La operación despertó interés de la Fiscalía porque la entonces ministra participaba en la sala que debía resolver el conflicto judicial de la inmobiliaria.

La investigación no atribuye a Rafael Araneda la ejecución de esas transferencias ni lo identifica como imputado.

¿Qué explicó Rafael Araneda sobre su participación en la inmobiliaria?

Al ser consultado por Reportea, el conductor entregó antecedentes sobre su relación comercial con Alta Vista Pucón.

Según explicó al medio, tenía una participación accionaria minoritaria y nunca intervino en las decisiones administrativas de la sociedad.

Además, aseguró que había vendido sus acciones algunos meses antes de que se publicara la investigación.

Entre los antiguos socios de la inmobiliaria también figuraban el empresario Fabio Traverso y el economista Paul Fontaine.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Reportea, varios accionistas afirmaron que desconocían el pago realizado a Migueles. Algunos señalaron que Traverso estaba a cargo de la gestión empresarial durante aquel período.

El empresario no respondió las consultas del medio sobre estos antecedentes.

Cómo llegaron los $12 millones a la pareja de Ángela Vivanco

La investigación reconstruyó una cadena de movimientos bancarios que comenzó con tres transferencias desde Alta Vista Pucón a una sociedad vinculada al notario Rodrigo Ortúzar.

Los pagos fueron de $5 millones, $5 millones y $2 millones.

Posteriormente, Ortúzar transfirió el dinero a Fernando Martel, quien realizó nuevos giros hasta completar los $12 millones en una cuenta bancaria de Migueles.

Ambos notarios declararon ante el Ministerio Público y entregaron sus versiones sobre las solicitudes que habrían recibido para mover los fondos.

La Fiscalía investiga si estas operaciones se relacionan con eventuales delitos de corrupción. Sin embargo, el recorrido del dinero, por sí solo, no demuestra que todos los accionistas conocieran su destino ni que existiera una contraprestación ilícita.

El fallo de la Corte Suprema que no favoreció a la inmobiliaria

Un antecedente especialmente relevante es que Alta Vista Pucón no obtuvo un resultado favorable en la Corte Suprema.

La empresa pretendía desarrollar un proyecto inmobiliario de seis edificios y 306 departamentos en Pucón, pero enfrentó un conflicto ambiental por las autorizaciones necesarias para construir.

El Tercer Tribunal Ambiental había anulado el permiso del proyecto y la inmobiliaria recurrió al máximo tribunal.

Finalmente, el 4 de agosto de 2023, la Tercera Sala rechazó sus recursos por unanimidad, incluido el voto de Ángela Vivanco.

De esta manera, los movimientos bancarios detectados no estuvieron acompañados, en este expediente, por una resolución favorable a la empresa.

Este resultado es uno de los elementos que deberán considerarse al investigar el propósito de las transferencias.

La otra controversia que enfrenta Inmobiliaria Alta Vista Pucón

La empresa también atraviesa dificultades financieras ajenas a la investigación sobre los pagos a Migueles.

Según informó La Tercera el 14 de octubre, Banco Consorcio solicitó la liquidación forzosa de Alta Vista Pucón por una deuda que estimó en aproximadamente $1.967 millones.

La solicitud fue presentada ante el 15.º Juzgado Civil de Santiago y se relaciona con el presunto incumplimiento de obligaciones comerciales de la inmobiliaria.

Este procedimiento corresponde a un conflicto financiero distinto y no constituye evidencia sobre la eventual responsabilidad penal de sus accionistas.

Por ahora, Rafael Araneda permanece mencionado en la investigación por su antigua condición de socio. Su explicación apunta a que no participaba en la administración de la empresa y desconocía las operaciones cuestionadas.

La Fiscalía deberá continuar aclarando el origen, la finalidad y las responsabilidades asociadas a los pagos que terminaron en la cuenta de Gonzalo Migueles.