Terremoto político para el Gobierno de Kast: filtran los decretos con firmas de Rabat y Silva que liberaron a dos peligrosos agresores de niños

La controversia por los 56 decretos de rebaja de condena que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha cursado desde marzo pasado a reclusos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad sumó la revelación de dos documentos oficiales que exponen en detalle cómo operó este mecanismo administrativo.

De acuerdo con una investigación dada a conocer por el medio Interferencia —que mantiene bajo escrutinio jurídico y ético otros expedientes similares—, los textos corresponden a dos internos que cumplían condenas en recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso y cuyas liberaciones anticipadas contaron con las rúbricas directas de las máximas autoridades de la cartera: el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva.

Los dos decretos de rebaja de condena visados por Rabat y Silva en Valparaíso

El primer expediente dentro de estos decretos de rebaja de condena involucra a Waldo Gómez Mondaca, quien tenía 62 años cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso lo sentenció en junio de 2017 por el abuso sexual perpetrado en febrero de 2014 contra una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual, aprovechándose de la imposibilidad de la víctima para oponerse. El fallo le impuso una pena única de 10 años de presidio efectivo —que sumó un segundo abuso sexual contra un adulto con severos problemas de salud— y cinco años de inhabilitación para trabajar con menores tras salir en libertad.

Sin embargo, el decreto exento N° 2520, fechado el 31 de julio de 2026, lleva la firma principal del ministro Fernando Rabat Celis junto al visado del subsecretario Luis Silva. La resolución —cuya postulación había remitido once días antes, el 20 de julio, la Seremi de Justicia de Valparaíso mientras el reo permanecía en el penal de Casablanca— le concedió un descuento de 21 meses, adelantando el término de su condena desde el 19 de enero de 2028 al 19 de abril de 2026.

El segundo caso corresponde a Héctor Orellana Araya, detenido en flagrancia el 18 de septiembre de 2017 en Los Andes luego de que dos personas lo sorprendieran cometiendo una agresión sexual contra un niño de 10 años. En febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de esa comuna lo condenó por violación de menor de 14 años a 10 años de cárcel efectiva, inhabilitación perpetua para labores con niños y vigilancia de la autoridad durante los diez años posteriores a su egreso.

Pese a ello, un decreto exento del 24 de junio de 2026 —tramitado apenas seis días después de que la Seremi de Justicia regional enviara la carpeta del interno recluido en el penal de Petorca— redujo su castigo en 18 meses, moviendo el fin de su sentencia del 18 de septiembre de 2027 al 18 de marzo de 2026. En este documento, la firma principal pertenece al subsecretario Luis Silva en calidad de ministro subrogante.

El argumento jurídico y las responsabilidades en los mandos medios

Ambos documentos oficiales reiteran de forma casi idéntica dos considerandos basados en que la Ley 21.421 posee carácter penal y no puede aplicarse retroactivamente a ilícitos previos a su entrada en vigencia. Bajo esa premisa, las resoluciones sostienen que la secretaría de Estado se encuentra “jurídicamente impedido” de rechazar el descuento invocando la letra e) del artículo 17 de la Ley 19.856 —disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional—, aun reconociendo la “especial gravedad” de estos crímenes, bajo la tesis de que negar la medida carece de margen ejecutivo y solo generaría litigios innecesarios.

Esta interpretación choca con la postura de la oposición, desde donde recalcan que estas reducciones constituyen beneficios legales y no derechos adquiridos. En paralelo, el control de daños del Gobierno de José Antonio Kast ha apuntado las responsabilidades hacia los equipos técnicos y mandos medios encargados del filtro de los expedientes, mencionándose los nombres de la abogada revisora Trinidad Zegers (según reportó T13), además de la jefa de gabinete ministerial, Paula Bagioli, y la jefa de la Unidad de Reinserción Social, Fabiana Castro (de acuerdo con The Clinic), en un movimiento interpretado como un intento por blindar políticamente a Rabat y Silva pese a que ambos estamparon sus firmas en las resoluciones.

Junto con endosar el conflicto al marco legal vigente y a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el titular de Justicia defendió la congelación de las carpetas pendientes y el envío de reformas al Congreso Nacional: “Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022. Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.

Las claves del circuito administrativo detrás de las liberaciones

La revisión de los textos que autorizaron estos decretos de rebaja de condena deja en evidencia tres elementos críticos en la cadena de mando del Ejecutivo:

• Tramitación exprés desde regiones: Entre el envío de los antecedentes por parte de la Seremi de Justicia de Valparaíso y la firma final en Santiago transcurrieron apenas seis días en el caso del penal de Petorca y once días en el de Casablanca.
• Efecto de libertad retroactiva: En ambos expedientes, la resta de 18 y 21 meses desplazó las fechas de cumplimiento de condena hacia marzo y abril de 2026, meses anteriores a la propia firma de los decretos en junio y julio.
• Firma de la máxima autoridad: Más allá de la revisión previa asignada a las jefaturas de gabinete o de reinserción social, los actos administrativos requerían para su validez la rúbrica directa del ministro titular o subrogante.

De esta manera, la exhibición de las firmas de las máximas autoridades ministeriales en las excarcelaciones de Casablanca y Petorca tensiona el diseño de La Moneda para acotar la crisis a errores de funcionarios técnicos. Mientras el oficialismo intenta contener las amenazas de interpelación en el Parlamento, la controversia por los decretos de rebaja de condena suma presión directa sobre la permanencia de la cúpula de Justicia.