La tarde de este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco emitió su fallo condenatorio en el caso de Martín Pradenas, imponiéndole una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo. La condena fue resultado de siete delitos sexuales consumados, entre los que destaca el caso de Antonia Barra.

El acusado fue declarado culpable de dos violaciones y cinco abusos sexuales perpetrados entre los años 2010 y 2019. Ante estos hechos atroces, la fiscalía solicitó inicialmente una pena de 40 años de cárcel, sin embargo, el tribunal decidió no acoger dicha petición y dictaminó una condena menor.

Cabe destacar que a la sentencia de 17 años se le descontará el tiempo que Martín Pradenas estuvo en prisión preventiva desde julio de 2020, lo que equivale a tres años.

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Este no es el primer juicio que enfrenta el condenado. Anteriormente, ya había sido sentenciado a 20 años de cárcel efectiva por el mismo caso. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de nulidad argumentando “falta de imparcialidad” por parte de uno de los jueces, quien había expresado apoyo a una de las mujeres víctimas de Pradenas en redes sociales.

La Corte Suprema acogió el recurso y ordenó la realización de un segundo juicio, en el que nuevamente se comprobó la culpabilidad del acusado.

Tras conocerse la nueva condena, la defensa, a cargo del abogado Patricio Salinas de la Defensoría Penal Pública, reveló que buscará agrupar los delitos imputados a Pradenas en uno solo. Esta estrategia legal tiene como objetivo reducir la pena que se le impondrá, ya que argumentan que los distintos hechos tienen una misma naturaleza. De esta manera, esperan que el tribunal realice una adecuación de pena que disminuya la sentencia.

Patricio Salinas explicó: “Hemos planteado esa petición en cuanto a limitación de la extensión de la pena. Porque a nuestro juicio los distintos hechos que se atribuyeron son de una misma naturaleza, entonces el tribunal podría realizar esa adecuación de pena que nosotros solicitamos”.

La petición subsidiaria de la defensa busca que la sentencia no exceda los 10 años y un día de privación de libertad, en caso de que la estrategia de agrupar los delitos no prospere.