El aumento de cargos transitorios en el Estado reabre el debate por la estabilidad laboral ante el cambio de gobierno.
El crecimiento del empleo público vuelve a instalarse en el centro del debate, justo cuando el país se prepara para un nuevo ciclo político. Las cifras oficiales muestran un aparato estatal más grande y, al mismo tiempo, más expuesto a ajustes con la llegada de una nueva administración.
Aumentan los cargos en el Estado antes del cambio de mando
De acuerdo con datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en septiembre de 2025 el Gobierno Central alcanzó un total de 534.807 cargos efectivos, en medio del proceso de reordenamiento institucional previo al traspaso de mando.
Este escenario, advierten expertos, podría generar un impacto directo durante la instalación del próximo gobierno de José Antonio Kast, especialmente por la alta proporción de empleos con menor estabilidad contractual.
El alza de los honorarios y contratos transitorios
Dentro del total de cargos del Gobierno Central, 32.457 corresponden a personal a honorarios, lo que representa un 6,1% de la dotación. El incremento no pasó desapercibido: en solo tres meses estos contratos crecieron en 3.190 puestos, un alza de 10,9%, mientras que en doce meses el aumento llegó a 2.289 cargos, equivalente a 7,6%.
Una tendencia que se repite en todo el sector público
El fenómeno no se limita al nivel central. Según el mismo informe, el Estado en su conjunto sumó 1.112.112 cargos a septiembre de 2025, de los cuales un 22,4% corresponde a empleos transitorios. En la práctica, una parte importante del funcionamiento estatal depende de vínculos laborales más frágiles, justamente los más sensibles frente a un cambio de administración.
La advertencia de los especialistas
El abogado Pedro Peña, especialista en contratos a honorarios y cofundador de SoyHonorario, alertó sobre las consecuencias que suelen traer los cambios políticos en el aparato público. “en la práctica los cambios de mando y en este caso, color político, se traducen en términos anticipados de contratos a honorarios suscritos por la administración anterior y las no renovaciones respectivas, dejando a miles de falsos a honorarios sin trabajo de un día para otro”, señaló.
Propuestas para una transición sin sobresaltos
Ante la cercanía de marzo de 2026, expertos plantean que el proceso de cambio de gobierno incluya un Protocolo de Continuidad Laboral y de Servicios, que establezca reglas claras para renovaciones, plazos informados con anticipación y una priorización explícita de áreas críticas como salud, educación, programas sociales y soporte administrativo esencial.
En esa línea, Peña recalcó que ya existe una señal concreta desde la política pública. “hoy el Estado ya cuenta con una señal concreta de política pública: la Ley de Presupuestos 2025 fijó en 6.500 el número máximo de personas que pueden pasar de honorarios a contrata este año, junto con criterios y reglas para implementar esos traspasos. Eso prueba que el problema existe y que puede abordarse con instrumentos formales, no con decisiones políticas”.
El debate, así, queda abierto en un momento clave, donde la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios públicos aparecen como uno de los grandes desafíos del próximo gobierno.