El reajuste del sector público abre una dura disputa política por una norma que podría condicionar al próximo gobierno.
El reajuste salarial del sector público no solo ha puesto el foco en sueldos y beneficios. Una disposición incluida por el actual Ejecutivo abrió un intenso debate político y amenaza con tensionar el inicio del próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast.
La oposición acusa que se trata de una llamada “norma de amarre”, una cláusula que, según advierten, podría dificultar la desvinculación de funcionarios una vez que cambie la administración, asegurando la continuidad de personas ligadas al actual oficialismo.
¿Qué es la llamada “norma de amarre”?
Aunque el proyecto aún no ingresa formalmente al Congreso, ya genera controversia incluso antes de su tramitación. Dos de las 16 organizaciones que integran la mesa del sector público retiraron su apoyo al acuerdo, señalando disconformidad con el contenido del reajuste.
Sin embargo, uno de los puntos que sí concitó respaldo transversal dentro de la mesa fue esta norma que apunta a fortalecer la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado, justo en la antesala de un cambio de gobierno.
La disposición que genera conflicto
La cláusula establece que la no renovación de contratas —o su renovación bajo nuevas condiciones— en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades deberá realizarse “únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.
Además, se señala que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.
En estos casos, la Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de pronunciarse si el funcionario afectado ya inició acciones judiciales por los mismos hechos.
El argumento de los gremios
Desde el mundo sindical defienden la inclusión de esta norma. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, explicó que el objetivo es dar herramientas de defensa a los funcionarios públicos.
Según planteó, se busca que los trabajadores puedan acceder a procesos formales de evaluación de desempeño y evitar situaciones como las vividas en administraciones anteriores. A su juicio, la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y anunciando eventuales “despidos”.
Regulación especial para cargos de confianza
El acuerdo también incorpora una disposición específica para quienes cumplen labores de asesoría directa en el gabinete del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicios designados por el Mandatario.
En ese apartado se detallan las condiciones de contratación, causales de término de funciones y criterios de remuneraciones para este tipo de cargos, lo que también ha sido objeto de cuestionamientos políticos.
Duro rechazo desde la oposición
Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición calificaron la medida como una “norma de amarre totalmente inaceptable”.
El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, afirmó que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.
En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que esta disposición genera “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” de la administración del Presidente Gabriel Boric, comparándola incluso con un “corralito” que dificultaría remover cargos de confianza.
Un debate que marcará enero en el Congreso
Con este escenario, el reajuste del sector público se perfila como uno de los proyectos más complejos de discutir durante las primeras semanas de enero. La llamada “norma de amarre” amenaza con convertirse en el principal punto de fricción entre el actual Gobierno y la futura administración, en un Congreso que ya anticipa un debate áspero y altamente politizado.