¿Vuelven las designaciones “a dedo”? La polémica movida del Gobierno con 7 altos cargos del Estado
Gobierno publica decretos que excluyen cargos clave del sistema ADP, generando debate sobre transparencia en designaciones públicas.
Una serie de resoluciones publicadas recientemente en el Diario Oficial encendieron el debate, luego de que el Ministerio de Hacienda determinara excluir a varios altos cargos del proceso habitual de selección del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Las medidas fueron oficializadas durante la jornada del sábado y afectan a importantes instituciones del aparato estatal, generando cuestionamientos sobre los mecanismos de nombramiento en el sector público.
Qué establecen los nuevos decretos
Según lo detallado en los documentos, se resolvió que determinados cargos queden fuera del procedimiento regular utilizado para elegir a altos directivos del Estado. En específico, los decretos indican que se “exime de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos”.
Estas decisiones fueron adoptadas en el marco de lo que permite la legislación vigente, particularmente bajo las disposiciones contempladas en la ley N.º 19.882, normativa que regula la gestión y selección de funcionarios públicos en Chile.
Los cargos que fueron excluidos
Entre las funciones que ahora no deberán someterse al sistema ADP, destacan puestos de alta relevancia dentro de distintos organismos del Estado:
Instituciones involucradas
- Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones
- Dirección Nacional del Trabajo
- Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)
- Dirección del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
- Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental
- Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas
- Superintendencia de Salud
Estos cargos, que habitualmente se seleccionan mediante concursos públicos, ahora podrán ser designados sin pasar por dicho mecanismo.
Cómo funciona el Sistema de Alta Dirección Pública
El Sistema de Alta Dirección Pública fue implementado en 2003 como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad del Estado. Su propósito central es asegurar que los puestos directivos sean ocupados por profesionales idóneos, mediante procesos transparentes y competitivos.
De acuerdo con la definición oficial, este sistema busca “dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad”.
Un mecanismo orientado a la transparencia
En términos prácticos, el ADP pretende reducir prácticas como el favoritismo o el nepotismo, promoviendo estándares más altos en la selección de autoridades públicas y garantizando mayor confianza en las instituciones.
