Un mayoritario rechazo ciudadano genera la posibilidad de que el Presidente de la República cuente con la atribución exclusiva de decretar un nuevo Estado de Excepción sin contrapesos institucionales, según revelaron los resultados del más reciente sondeo de opinión pública.

El rol del Congreso y las facultades presidenciales

De acuerdo con los datos publicados por la consultora Cadem, un 58% de las personas encuestadas se opone a que la máxima autoridad del país pueda implementar esta medida por iniciativa propia, frente a un 37% que se muestra favorable a dicha potestad.

El panorama, no obstante, cambia sustancialmente al incluir la intervención parlamentaria: el respaldo ciudadano escala al 52% si la declaratoria de la medida de emergencia requiere la ratificación previa del Congreso Nacional para entrar en vigor.

Respaldo a medidas contra el crimen organizado

En relación con los mecanismos específicos contemplados en el debate de seguridad, la ciudadanía mostró altos niveles de adhesión en ciertas áreas y marcadas reticencias en aquellas que tocan garantías constitucionales:

• Incautación de patrimonio: un 88% apoya la requisición de bienes vinculados a redes delictuales o hechos terroristas.
• Apoyo militar: un 78% respalda el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las labores de Carabineros de Chile.
• Intervención telefónica: un 46% está a favor de interceptar comunicaciones.
• Restricciones de movilidad: un 40% apoya limitar temporalmente el tránsito.
• Derecho a reunión: solo un 27% aprueba restringir las concentraciones públicas.

La percepción sobre la reforma constitucional y evaluación de Gobierno

El estudio midió además el conocimiento sobre la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para enfrentar el delito organizado, iniciativa conocida por el 85% de los consultados, concitando un 50% de respaldo frente a un 39% de rechazo.

Pese a estos números, un 51% de la muestra considera innecesario modificar la Carta Fundamental al estimar que ya existen herramientas legales suficientes, mientras que un 43% la juzga indispensable. Entre sus ejes más valorados destaca la inhabilitación perpetua para cargos públicos a condenados por crimen organizado (89%) y consagrar la seguridad pública como deber estatal prioritario (81%).

Seguridad versus libertades y cifras presidenciales

Respecto al dilema entre garantías y orden, un 45% prefiere un equilibrio entre ambos aspectos, un 35% privilegia la seguridad aun a costa de restringir libertades, y un 17% antepone los derechos individuales.

En el plano político, el sondeo correspondiente a la tercera semana de agosto arrojó un retroceso de dos puntos en la aprobación del Mandatario, situándose en un 39%, mientras que la desaprobación a su gestión subió tres puntos para alcanzar el 56%.