“¡Lo peor es que mienten!”: Camila Vallejo explota contra el Gobierno por rebaja de condena a 56 agresores sexuales de menores

Camila Vallejo criticó al Gobierno tras conocerse rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La exvocera cuestionó la interpretación legal defendida por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y pidió responsabilidades políticas.

La controversia también abrió un debate legislativo y una ofensiva de fiscalización. Mientras el Ejecutivo invoca fallos de la Corte Suprema, parlamentarios plantean revisar cómo se aplicó el beneficio.

Camila Vallejo cuestiona la interpretación del Gobierno

En el video difundido en redes, Vallejo sostuvo que la normativa publicada en 2022 excluyó del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. A su juicio, la discusión involucra casos anteriores a ese cambio y requiere revisar cada situación.

La exvocera expresó preocupación por las víctimas y cuestionó el precedente que, según ella, podrían dejar estas decisiones. También afirmó que el Gobierno anterior rechazó solicitudes de rebaja de condena de este tipo.

La respuesta del ministro Rabat fue distinta: defendió que Justicia aplicó criterios establecidos por la Corte Suprema en recursos de amparo. Rabat explicó que el ministerio “Lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de recursos de amparo”

Vallejo relató que la noticia le generó angustia y rabia: “No sabía si hacer este video, pero la gravedad del tema me parece que amerita. Y voy a partir diciendo que hace rato estaba, hace ya un rato, haciendo dormir a mi bebé, toda la rutina previo a hacerlo dormir y tuve que contenerme todo el tiempo, la angustia y la rabia que me generó esta noticia”

Qué sostiene el Ejecutivo sobre las rebajas

La explicación oficial, tal como la recoge la fuente, apunta a la doctrina fijada por el máximo tribunal. Sin embargo, la información publicada sobre los decretos y su relación con decisiones judiciales ha generado cuestionamientos políticos.

En una cobertura complementaria, BioBioChile indicó que los 56 decretos se emitieron entre marzo y septiembre de 2026: 27 correspondieron a condenas por abuso sexual de menores y 29 a violación. Esa publicación atribuyó a los antecedentes difundidos por Interferencia que las rebajas fueron otorgadas por el ministerio y no se originaron en recursos judiciales de los beneficiados. Esa descripción contrasta con el argumento de Rabat sobre la aplicación de fallos de amparo.

Vallejo cuestionó que el Ejecutivo presentara la medida como una obligación legal y afirmó que la Corte Suprema no mantiene una doctrina única sobre la aplicación retroactiva de la reforma. Esa es su interpretación; los materiales disponibles no incluyen los decretos ni los fallos para resolver el alcance jurídico de cada caso.

En su crítica al Gobierno, la exministra preguntó por las víctimas y por la señal que, en su opinión, dejan las decisiones: “Cómo es posible que este gobierno que se autodefiniera como el gobierno de emergencia, ¿cierto? El gobierno de la seguridad, el gobierno del ‘con mis niños no te metas’, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condena a 56 a abusadores sexuales y violadores de menores de edad”

También sostuvo que las rebajas pueden generar una sensación de impunidad y desconfianza: “Creo que es gravísimo, o sea, ¿esta es la señal que quieren darle a la sociedad? ¿Este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los menores de edad que quizás en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda”

Camila Vallejo y las respuestas políticas

La controversia no se limita a las críticas de Vallejo. Emol informó que, en los últimos cinco años, se concedieron 332 rebajas de condena por delitos sexuales; 276 se otorgaron durante el mandato de Gabriel Boric. La cifra contextualiza el episodio, pero no detalla en el texto seleccionado cuántas de esas rebajas correspondieron a delitos contra menores.

El Partido Comunista anunció que buscaría reunir apoyos para interpelar al ministro Rabat. El diputado Marcos Barraza planteó que la Cámara debe pedir explicaciones y establecer responsabilidades políticas. La interpelación todavía aparecía como una iniciativa en preparación, no como una acción ya realizada.

Además, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció un proyecto para modificar la Ley 19.856 y cerrar una excepción que, según explicó, permitiría acceder a rebajas en ciertos casos. La propuesta también contempla mayores exigencias para fundamentar las decisiones. Se trata de un anuncio legislativo, no de una ley vigente.

Vallejo afirmó que el cambio legal de 2022 no resolvería automáticamente los casos anteriores y defendió que cada solicitud se examine de forma individual: “lo peor es que mienten, o no manejan bien la información. Dicen que la ley los obliga, pero la ley no los obliga. La ley que fue publicada en febrero del 2022 excluyó explícitamente de la posibilidad del beneficio de la rebaja de condenas a quienes cometieron delitos de abuso sexual contra menores de edad; abusadores sexuales y violadores. Los excluye de esa posibilidad de acceder a rebaja de penas”

Sobre la aplicación de la reforma, sostuvo que los tribunales han abordado de manera distinta los casos previos a 2022: “Lo que ha pasado es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido interpretarlo retroactivamente o ha decidido no interpretarlo retroactivamente. Es decir, para los casos previos al 2022, pero no hay una especie de doctrina de la Corte Suprema respecto a esto, todos los casos se ven uno por uno”

La exvocera también comparó el criterio actual con el aplicado por la administración anterior: “por eso vale la pena pelearlos, y por eso el gobierno anterior, nuestro gobierno, en todas las solicitudes que se le extendieran al Ministerio de Justicia de rebajar penas a estos delincuentes, se les dijo que no, se rechazaron cada una”

Su llamado final fue revertir las decisiones y exigir responsabilidades políticas: “A mí la verdad, bueno, a mucha gente nos tiene indignada esta situación, es muy grave. Es muy grave el precedente que genera, es muy grave cómo el gobierno sigue defendiendo este cambio de criterios que ellos aplicaron, que no es más ni menos que una señal de impunidad. Yo espero que esto se revierta y que se hagan valer las responsabilidades políticas del caso. Ya es demasiado. Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos de los más graves y delicados como son los delitos de abuso sexual contra menores”

El debate sobre Camila Vallejo y las rebajas de condena combina una controversia jurídica aún no aclarada para cada caso con respuestas políticas concretas. La discusión seguirá marcada por la revisión de los decretos, la eventual interpelación y la tramitación del proyecto anunciado en el Senado.