La empresa constructora Queylen S.A., que ha estado operando en el país durante 43 años, ha solicitado su proceso de liquidación voluntaria ante el 20° Juzgado Civil de Santiago.

La liquidación voluntaria es el procedimiento judicial que permite el cierre formal de una empresa, mediante la entrega de sus bienes para el pago de las deudas con sus acreedores.

Razones de la solicitud

La empresa, dedicada al desarrollo de construcciones habitacionales, industriales, comerciales e institucionales, argumentó su solicitud de quiebra debido a los efectos económicos provocados por el estallido social y la pandemia.

Según explicaron en la acción judicial, en el segundo semestre de 2019 estaban llevando a cabo 10 proyectos cuando ocurrió el estallido social, lo que generó un “ambiente de incertidumbre” y la paralización del inicio de obras.

Posteriormente, en marzo de 2020, el inicio de la pandemia del coronavirus ocasionó restricciones de movilidad, pérdida de productividad, aumento de costos de traslados y escasez de mano de obra, lo que causó “complicaciones de pagos, costos financieros, en fin, una catástrofe constructiva”, explicaron.

Durante la pandemia, aseguraron que no pudieron acceder a fondos de ayuda impulsados por la autoridad debido a la situación del rubro y a sus condiciones particulares en esa fecha.

En ese momento, la compañía tenía 10 obras en ejecución, 1.114 trabajadores contratados, cientos de contratos con proveedores y cerca de 200 unidades comprometidas con clientes indirectos.

Para hacer frente a una deuda cercana a los 10.407.918 dólares, los socios de la empresa se comprometieron a realizar aportes de capital y préstamos, además de dejar de recibir sus remuneraciones.

Actualmente, la constructora acumula 65 juicios civiles y comerciales, por un monto aproximado de 2.500 millones de pesos.

De todas las obras que tenían en ejecución, les faltan por terminar dos, las cuales presentan avances del 55% y 14%, respectivamente. Sin embargo, debido a la deuda impaga actual, sus oficinas centrales han sido embargadas recientemente, lo que hace imposible seguir adelante, señalaron.

Finalmente, en la solicitud de liquidación voluntaria, indicaron que la empresa tiene una deuda total de 44.090.651.340 pesos, con 85 trabajadores contratados y un inventario de bienes con un valor en libros de 617.459.341 pesos.