“Fue el ministro de Justicia…”: Corte Suprema frena en seco al Gobierno y lo deja solo en crisis por rebajas de penas a abusadores
Gloria Ana Chevesich se refirió al papel de la Corte Suprema en la polémica por las rebajas de condena otorgadas por el Gobierno.
La Corte Suprema quedó en el centro de la controversia por 56 rebajas de condena que el Gobierno concedió a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Su presidenta, Gloria Ana Chevesich, atribuyó la decisión al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y evitó pronunciarse sobre el fondo.
El punto en discusión es si fallos previos del máximo tribunal respaldan estos beneficios. Rabat sostiene que actuó conforme a ese criterio; Chevesich respondió que cada causa requiere un análisis particular. Además, la concesión de los 56 beneficios se tramitó administrativamente, no mediante sentencias dictadas para esos casos.
Corte Suprema: qué respondió Chevesich
Consultada por la polémica, la presidenta del máximo tribunal dijo que no emitiría una opinión sobre la decisión ministerial. En su respuesta, distinguió los decretos firmados por Rabat de las resoluciones que dictan los tribunales.
“Sobre la materia no me voy a pronunciar, fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”
Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema
Chevesich también sostuvo que no evaluaría en bloque las decisiones previas de la Corte Suprema. Para determinar si existe jurisprudencia aplicable, dijo, habría que revisar los fallos concretos invocados.
“No me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto”
Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema
La magistrada agregó que ese examen corresponde a quienes estudian las sentencias. Así, no confirmó que exista una regla general que obligara al Ministerio de Justicia a otorgar las rebajas.
“Tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia, esa labor le corresponde a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema”
Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema
La defensa de Fernando Rabat y el argumento jurídico
Rabat ha defendido la actuación del Ministerio de Justicia por la aplicación de decisiones judiciales anteriores. En una declaración posterior, invocó una reforma legal de 2022 que excluyó de estos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales y sostuvo que no podía aplicarse retroactivamente en perjuicio de condenados.
El ministro describió ese razonamiento como un principio constitucional y afirmó que algunos recursos de amparo habían recibido acogida judicial antes de la reforma. También señaló que las resoluciones administrativas del ministerio citaban fallos previos. Esa es la explicación del Ejecutivo, no una conclusión expresada por Chevesich sobre los 56 decretos.
Rabat detalló además que, a su juicio, los fallos previos fundamentaban su actuación:
“es el llamado principio indubio pro reo. Desde esa perspectiva, entonces, es que hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto a aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”
Fernando Rabat, ministro de Justicia
La diferencia central está en el alcance que cada parte atribuye a esos antecedentes. La defensa ministerial habla de un criterio judicial previo; la presidenta de la Corte Suprema pide revisar cada sentencia antes de determinar si existe jurisprudencia aplicable.
Rebajas de condena: debate político y próximos pasos
La controversia también abrió un debate sobre cambios legales. El Gobierno evalúa presentar un proyecto para abordar la exclusión de estos beneficios, mientras parlamentarios preparan iniciativas en la misma materia. La discusión deberá considerar la irretroactividad penal mencionada por Rabat y los límites que puedan establecer los textos legislativos.
En el Congreso, el Partido Comunista optó por pedir una sesión especial para tratar las 56 rebajas, en lugar de avanzar entonces con una interpelación al ministro. Es una consecuencia política de la polémica, pero no resuelve la discusión jurídica sobre cada caso.
La Corte Suprema no ha validado en bloque las resoluciones administrativas ni ha dicho que estos decretos correspondieran a sentencias propias. El alcance de los fallos invocados, y el contenido de las eventuales propuestas legislativas, siguen siendo los puntos que marcarán la discusión sobre las rebajas de condena.
